Solo en 2014, 20.000 españoles abandonaron el país en busca de una oportunidad, de un trabajo, de una vida. Para defender los derechos de quien sufrieron el ‘exilio económico’, nació Marea Granate. Un colectivo, nacido al calor del 15M, que no entiende de fronteras.
Irene tiene 34 años; estudió en España, Shanghái y París, y, desde hace dos años y (casi) seis meses, vive y trabaja como abogada en la capital francesa. Lleva la cuenta del tiempo que hace que se marchó casi como si se tratase de una condena. Es feliz pero no es fácil. Durante meses tuvo que recurrir a sus padres para seguir adelante y aún hoy, sus condiciones laborales son peores que las de sus compañeros franceses. Irene canalizó la frustración y la rabia del emigrante por obligación en forma de activismo. Irene hoy es miembro de Marea Granate y coordina en París la ‘Oficina Precaria.’ Esta joven murciana no es la única que abandonó España en busca de una oportunidad laboral. Según el INE, alrededor de 20.000 españoles abandonaron el país solo en 2014. Como la hermana de Irene que también se marchó a Londres; o Javi, que cambió Madrid por Canadá; Pepa, que es ingeniera en Bélgica; Helena, que se busca la vida en Austria… Porque esos 20.000 españoles y otros tantos que se fueron antes, no son números: tienen nombre, apellidos, rostro y una historia.
Abandonar el país de origen por razones laborales debería ser tan solo una opción y, sin embargo, para muchas personas en España, se ha convertido en la única. Las posibilidades laborales escasas, nulas o en condiciones deplorables provocan el denominado exilio económico, que no es otra cosa que la emigración forzosa. La ‘fuga de cerebros’, el goteo incesante de personas que guardan lo que cabe de una vida en la maleta y se marchan.
Marea Granate nació para dar respuesta a las necesidades de estas personas. Se constituyó como una red de apoyo y solidaridad, pero también de protesta. Protesta contra un sistema que, entienden, les expulsó de sus casas hacia el exilio. “¡No nos vamos, nos echan!” es su principal consigna. Escogieron el granate por ser el color del pasaporte. Ese billete de ida hacia una nueva vida en cualquier parte y a veces, a cualquier precio. Porque no es fácil. Denuncian el olvido de las instituciones, la explotación laboral a la que en muchos de los países de acogida les someten y la pérdida de derechos en su país de origen: España.
“No sólo nos quejamos, proponemos,” defiende Faustina González, miembro de Marea Granate, que destaca la proactividad del movimiento. Piden recuperar el derecho a la sanidad, la paralización de las expulsiones de personas migrantes en los Estados miembros de la UE, garantizar el derecho al sufragio desde el extranjero y combatir la precariedad laboral en los países de la Unión.
LOS DERECHOS LABORALES, PRINCIPAL BATALLA
Peores condiciones que los nacionales de los países de acogida, multas por la rescisión de los contratos, dificultad en la organización sindical… Cada sistema es un mundo. Muchos inmigrantes se encuentran completamente perdidos al llegar al país de acogida y precisan de apoyo jurídico. Con ese objetivo nacieron las Oficinas precarias y los Grupos de Acción Sindical. “Ya que la inmigración tenía un componente marcadamente laboral, también la respuesta tenía que ser laboral”, destaca Carlos, del Grupo de Acción Sindical de Berlín. Tras advertir que los problemas que los inmigrantes encontraban no eran individuales sino colectivos, decidieron organizarse para dar respuesta. Una respuesta que no encontraron en los sindicatos españoles y a la que las organizaciones laborales locales no llegaban. Hoy, trabajan codo con codo, se apoyan.
Irene, de la Oficina Precaria de París, destaca la necesidad de facilitar información en un primer momento y garantizar en apoyo jurídico-laboral en caso de ser necesario. Además de colaborar con sindicatos locales, también cooperan con organizaciones de inmigrantes españoles que aportan un componente socio-laboral del que ellos carecen. En definitiva, estos colectivos buscan dar el soporte a los migrantes que sienten que las instituciones les niegan o cuya labor les resulta insuficiente. Se han convertido en su propia alternativa.
LA LUCHA CONTRA LAS EXPULSIONES EN LA UE
Es 12 de noviembre de 2015 y Bruselas ha amanecido soleada y fría. Hace casi dos años, Marta y Sara que esperan en un café de la Plaza de Luxemburg, presentaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que este se pronunciara acerca de la directiva sobre Libre Circulación y Asentamiento en la Unión Europea y de la aplicación de la misma por parte de Bélgica. Hoy, por fin, defenderán su petición frente a la Eurocámara.
“¿Nerviosas?” Ambas sonríen. “Bueno…”. Marta trata de animar a Sara – que será la ponente hoy – “Venga, ¡si lo has contado mil veces!”. Mil veces han explicado el argumentario que esgrimen para defender que la directiva 2008/34 es discriminatoria y su aplicación por parte del gobierno belga, una cadena de violaciones de derechos. Esta directiva permite las expulsiones de comunitarios en la Unión Europea cuando supongan “una carga excesiva” para el sistema social del estado. Para ellas, son intolerables pero la Comisión Europea no comparte su visión del asunto.
EL 15M BRUSELAS, A LA BASE DE LA DENUNCIA
Marta Mateos (1981, Bilbao) y Sara Lafuente (1985, Madrid) llegaron a Bélgica hace tres años y medio y dos años y medio, respectivamente, donde trabajan. Ni Marta ni Sara se han visto, de momento, afectadas por la aplicación de la directiva. No se trata de una defensa personal sino de una acto, a su parecer, de justicia. Ambas son miembros del 15M y colaboran con Europe 4 People, una plataforma que se encarga de dar asesoramiento legal y apoyo moral a personas que se encuentran en riesgo de expulsión o han sido ya expulsadas. Además, es una forma de activismo. En este contexto surgió la idea de presentar una petición ante el Parlamento Europeo. Aunque fue una petición propia, gracias al apoyo de distintos grupos políticos y en particular de Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, se ha acelerado el proceso administrativo que permite defender la petición frente la comisión parlamentaria. Hoy, casi dos años después de la presentación de la petición, defienden su postura.
El movimiento ciudadano ‘15M’, casi desaparecido en el resto del mundo, está muy vivo en Bruselas donde constituye el núcleo más importante de acción social de residentes españolos. Además, colaboran con otras plataformas, asociaciones y organizaciones tanto locales como de inmigrantes. Tal es el caso de Europe4People. De hecho, la idea de presentar la petición surge de un debate durante una asamblea del 15M Bruselas a raíz de una noticia en prensa. Bélgica había expulsado a una familia de italianos y había también españoles afectados. “Fue todo un escándalo”, explica Sara. A raíz del debate, deciden crear un grupo de trabajo contra las expulsiones y de este grupo, nació la iniciativa. “Surgió porque estamos aquí en Bruselas, si hubiéramos estado en otro sitio, tal vez no se nos hubiera ocurrido”, reconoce Lafuente. El objetivo de la petición, explica Marta, es denunciar la práctica de las autoridades belgas así como la directiva europea en la que se basa y que concreta las condiciones de la libertad de circulación y establecimiento en la Unión Europea.
LA SITUACIÓN ECONÓMICA COMO MOTIVO DE EXPULSIÓN
“Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado si” y aquí viene el problema, “dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida”. Esto dice el artículo 7.1 b de la directiva que regula la Libre Circulación y Residencia en la Unión Europea (2004/38). Las demandantes entienden que esta directiva es discriminatoria y vulnera el principio de igualdad ante la ley al condicionar el derecho a la libre circulación y residencia a la situación económica y social del ciudadano. Es por eso que piden a la Comisión que suprima toda referencia a ‘ser una carga’ para el Estado a través de esta petición, “de manera que la norma comunitaria garantice el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía europea, independientemente de su condición económica”.
Sara Lafuente, una de las demandantes ante el Parlamento Europeo. / Beatriz Ríos
Aunque se trata de una directiva europea y el problema de las expulsiones concierne a otros estados miembros como Alemania, Francia o Reino Unido, el caso de Bélgica es especialmente alarmante. Desde que entrara en vigor la nueva Ley de Extranjería belga en 2008, más de 9000 ciudadanos comunitarios han sido expulsados del país, de los cuales, 948 tenían pasaporte español. El pasado año, los españoles fueron los terceros más expulsados de Bélgica (245) solo superados por los búlgaros (295) y los rumanos (634), según datos del propio servicio de extranjería belga. La mayoría, tal y como reconoce Bruselas, por suponer “una carga excesiva” para el Estado.
En su artículo 14, la directiva 2004/38/CE comprende la posibilidad para el estado de revisar el cumplimiento de las condiciones en las que acordó la residencia a los demandantes. Eso sí, siempre y cuando esta comprobación no se lleve a cabo “sistemáticamente”. No es el caso belga. Marta y Sara denuncia que al menos durante el año 2011, el servicio de Extranjería cruzó los datos de los residentes de larga duración con los de aquellos que solicitaron una prestación social en el CPAS (Centro Público de Acción Social). Esto explicaría el creciente número de expulsiones. Según las demandantes, esta práctica no “sólo vulnera la propia directiva, sino también la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal”. Lo alarmante, señalan, es que los expulsados no son solo personas con dificultades para encontrar trabajo o parados de larga duración sino también quienes disfrutan de un empleo parcialmente financiado con fondos públicos, pero un empleo al fin y al cabo. Esta práctica dificulta enormemente la integración socio-laboral de los inmigrantes.
¿QUÉ IMPLICA SER EXPULSADO DE BÉLGICA?
Cuando un ciudadano es objeto de un proceso de expulsión, no se produce una repatriación forzosa, al menos de momento. Las expulsiones se limitan, tal y como explican las demandantes, a “invitaciones a marcharse”. Los afectados generalmente son avisados en un primer momento de que se les agota el tiempo para estabilizar su situación. Entonces llega el miedo, el estrés, la presión. Y si no logran encontrar una solución a corto plazo, aproximadamente tres meses más tarde, reciben la carta de expulsión.
Deben personarse en la oficina de extranjería y al hacerlo, se les retira el documento que les identifica como residentes de larga duración en el país. La justificación, generalmente, es que han superado el tiempo máximo otorgado a la búsqueda de empleo o que llevan demasiado tiempo en paro. Algunos llevan meses en el país cuando reciben el primer aviso, otros llevan años. En cualquier caso, la expulsión supone un duro golpe psicológico. La retirada de la tarjeta de residencia – cuya duración suele ser de cinco años, tras los cuales, se convierte en permanente – se traduce además en una “muerte administrativa”. Toda posibilidad de optar a un trabajo o tener acceso a servicios sociales, desaparece. Esto, denuncia Marta Mateos, una de las firmantes, condena a los expulsados a la clandestinidad y los marginaliza. En este sentido y por si la expulsión no fuera suficiente, la ley belga contempla además la prohibición del retorno durante al menos dos años. Algo que está completamente prohibido por la directiva europea (artículo 15.3). Esta práctica criminaliza al inmigrante por su condición económica y social. Eso es precisamente lo que denuncian las demandantes y por eso presentan la petición.
Aunque su demanda se centra en la situación de los ciudadanos comunitarios, no olvidan a otros inmigrantes en situaciones desesperadas. Es por eso que se solidarizan con las decenas de miles de personas que alcanzan Europa dejando todo atrás, huyendo de la guerra y que están sufriendo las consecuencias de lo que definen como el “enfoque neoliberal y xenófobo que caracteriza la política migratoria europea”.
LA POSICIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
En los dos años que han pasado desde que presentaron la petición, Bélgica ha reaccionado. La presión de la Comisión que abrió un proceso contra el gobierno belga por entender que ley de extranjería belga violaba la directiva 2004/38, ha tenido como consecuencia varios cambios. La Comisión Europea reconoce que tiene constancia del intercambio automático de datos entre la oficina de extranjería y el Centro Público de Asistencia Social y se encuentra en conversaciones con el gobierno sobre este asunto. Además, las expulsiones de personas que disfrutan de un contrato de trabajo subvencionado, habrían cesado. En opinión de las peticionarias esto era “una escándalo”. En cualquier caso, consideran que el análisis caso por caso sin especificar las condiciones que permitan la expulsión, tal y como defiende la ley, es una puerta a la arbitrariedad y por tanto a la inseguridad jurídica de los afectados.
En cuanto a la respuesta escrita de la Comisión Europea a su petición consideran que “no entra en el fondo de la cuestión” que es la oposición de la directiva al derecho de libre circulación recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. “Según la jerarquía normativa, la directiva debería respetar esos principios”, defiende Sara. Al primar el cumplimiento de los criterios que la directiva exige para reconocer el derecho de residencia en un estado miembro, se subordina la carta. Y así, “la carta no vale para nada, es papel mojado”, denuncia Lafuente.
Sara Lafuente y Marta Mateos denuncian ante el Parlamento Europeo las expulsiones de Comunitarios
Son las 11 de la mañana. Una sala del Parlamento Europeo apenas llena hasta la mitad acoge la Comisión de Peticiones. La presidenta da la palabra a Sara Lafuente. “Esta situación se va a lleva por delante el proceso europeo y condena a un grupo de ciudadanos a la economía sumergida y la exclusión social”, clama durante su exposición. Mientras lo hace, los representantes de la Comisión Europea aún no han llegado la sala.
Las representantes del órgano ejecutivo de la Unión se personan tarde, entrando a trompicones y varios minutos después de que concluya la exposición de Sara. En su respuesta, explican que continúan las conversaciones con el gobierno belga. Además, están pendientes del resultado de una consulta al Tribunal de Justicia de la UE que analiza una posible violación del derecho a una buena asistencia administrativa en el caso de los parados que han trabajado en Bélgica y reciben la carta de expulsión, al negarles el acceso a su informe y la posibilidad de defenderse ante un proceso administrativo como este. Sin embargo, no esperan tener una respuesta al menos hasta 2016.
De nuevo las respuestas llegan tarde. Sara se muestra sorprendida y molesta por la ausencia de la Comisión Europea durante su intervención. Además, considera intolerable que haya que esperar aún un año hasta que el Tribunal de Luxemburgo emita su opinión sobre el asunto. “Esta situación afecta a miles de ciudadanos en Europa y también a la imagen de la Unión,” insiste Lafuente.
Al concluir la presentación, la Comisión se ha acercado espontáneamente a las peticionarias a las que ha invitado a tener una reunión personal para tratar el asunto. Ha expresado su preocupación sobre la situación de los afectados pero explica que al carecer de casos concretos con su correspondiente documentación, resulta muy difícil tomar acciones contra el gobierno belga. En cuanto al fondo de la directiva, no ha querido manifestarse.
Marta y Sara seguirán luchando. “Lo único que nos queda es la presión social”. “Esto es una parte del trabajo que hacemos nosotros, una herramienta política pero luego hay más cosas”, explica Marta. Mateos aclara que están trabajando con otros colectivos de inmigrantes en Bélgica y otros países, “tenemos un enemigo común”. Para Sara, esta práctica forma parte “de una política migratoria selectiva económica y nosotros no creemos en esa Europa. Queremos una Europa que no seleccione a las personas por su condición económica y social”, sentencia.
DERECHO A VOLVER
Emigrar no fue una opción, fue la única salida pero muchos quieren regresar. También es una de sus demandas. Piden el cambio de un sistema que les hizo buscarse la vida al otro lado del mundo. Reclaman el derecho más sencillo, más básico y a veces casi inalcanzable. Reclaman su derecho inalienable a volver a casa.
Este texto es una recopilación de tres artículos publicados originalmente en cuartopoder.es el 5 de abril; el 10 de noviembre y el 12 de noviembre de 2015.
